Un día como hoy es imposible no centrarse en el drama social de los desahucios y en el hecho de que bancos, políticos, jueces e innumerables agentes sociales estén convergiendo hacia un posible encauzamiento de este gravísimo problema.
Han hecho falta más de 400.000 desahucios, varios suicidios, la reclamación de los jueces y el plantón de la policía, para que tanto los bancos, como los dos principales partidos del país, se sientan aludidos. A muchos nos surgen dudas sobre la intencionalidad de unos u otros, pero celebramos el hecho de que estén reunidos para buscar soluciones y que este mismo jueves se aprueben en un Consejo de Ministros.
Es innegable y evidente que estamos ante una legislación hipotecaria muy injusta y con varias cláusulas abusivas e incompatibles con la Directiva que regula la protección a los consumidores.
Un hecho que quiero destacar es que no estamos, únicamente, ante una cuestión de excepcionalidad social, en la que haya que actuar sólo por razones humanitarias, como argumentan las entidades bancarias o algunos responsables políticos. Es innegable y evidente que estamos ante una legislación hipotecaria muy injusta y con varias cláusulas abusivas e incompatibles con la Directiva que regula la protección a los consumidores.
Ésta, entre otras cosas, permite ante un desahucio la tasación unilateral de la vivienda, así como la posibilidad de dar por resuelto el contrato ante el impago de sólo algunos plazos del préstamo exigiendo el pago total del crédito. Por no hablar de la posibilidad de engrosar la cantidad reclamada, exigiendo unos intereses de demora, que pueden llegar a rondar el 20%, cuando en otros ámbitos crediticios están, ya, legalmente limitados al 6,5%.
Y, desde luego, la injusticia más conocida es adjudicarse la propiedad de la vivienda, una vez constatado el impago a través de un rápido procedimiento en el que el deudor carece de posibilidades reales de oponerse, quedándosela por un 60% del valor de su tasación. El deudor, además, está obligado a responder del 40% restante con todos sus bienes y patrimonio, presentes y futuros.
Ante semejante ley, no podemos permitir que únicamente se nos diga que se va a afrontar por caridad… Es por justicia y, por supuesto, empezando por los colectivos más vulnerables, entre los que quiero destacar a las familias con personas dependientes mayores o menores y especialmente a las que tengan más hijos. Hasta el martes que viene.